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La población campesina del sur del Perú está en pie de lucha por su dignidad, el derecho a la vida, su territorio y el futuro de sus hijos, la evidente entrega de sus tierras a favor de las "concesiones mineras é hidro energéticas", que en la práctica, viene a ser el despojo de lo único que tienen para su sustento.


El su informe el Observatorio de conflictos Mineros dio cuenta del aumento en solo 6 años en un 300% de autorización de exploración y explotación en la región Cusco, 1778 concesiones mineras, concedidas a empresas transnacionales en su mayoría, cuyas implicancias, van a ocasionar que innumerables comunidades campesinas "desaparezcan" consumándose así, el etnocidio de la cultura andina ancestral, lo que no pudo la invasión europea en más de 500 años, el nieto de una familia Tinteña, Alan García, va a conseguir exterminar a los pueblos originarios.


La construcción de la Central Hidroeléctrica


Según el portal web del Ministerio de Energía y Minas, el titular de la concesión para la ejecución y explotación de la central hidroeléctrica Salcca Pucara es la Empresa de Generación Hidroeléctrica del Cusco EGECUZCO S.A. y cuenta con concesión definitiva, se precisa una potencia instalada 130 mega vatios, con una inversión 136,4 millones de dólares, Resolución Suprema Nro. 030-2003-EM de fecha 21de agosto de 2003, fecha de puesta en servicio 18 de noviembre de 2008 y los recursos hídricos serán tomados de los ríos Urubamba, Acco y Salcca.


EGECUZCO S.A. está constituido por capitales de Suecia Francia y España, se prevé la inversión aproximada de unos 300 millones de dólares para la ejecución total del proyecto, contando para ello además de un crédito de la Unión Europea.


Los Hechos demuestran que en marzo de 2007 recién las comunidades tienen conocimiento del proyecto, por el anuncio del vicepresidente regional Mario Ochoa Vargas en una emisora local.
La empresa EGECUZCO S.A. planteó la necesidad de ampliar el proyecto, para el represamiento de un mayor volumen de agua aproximadamente unos 200 millones de m3, por lo que inicia realizar talleres de información en las propias comunidades.


Se encarga a la empresa consultora medioambiental, Lahmeyer Agua y Energia S.A., la elaboración del estudio de impacto ambiental por cumplir la normatividad del Ministerio de Energía y Minas.


Durante la elaboración de dicho estudio, La empresa decide negociar directamente con las comunidades de manera directa e individual, 6 comunidades son directamente afectadas Pata Ansa, Acco acco phalla, Livincaya, Santa bárbara, Qehuar, de los distritos de Sicuani y San Pablo, al que se suman otras comunidades circundantes.


No se tomo en cuenta a las comunidades de la cuenca del valle del Salcca con una población de aproximada de más de 15 mil habitantes, comprensión del Distrito de Combapata, cuyas aguas del rio Salcca serian desviados y represadas.


El 07 de agosto se hace la audiencia pública definitiva, mientras las negociaciones con las comunidades ya había sido consumadas de la manera más insólita, desigual y sin control, incentivos que fluctúan entre los 4 mil 15 mil dólares para quienes se mostraban a favor del proyecto y nada para quienes no quisieron someterse al remate de tierras.


El 24 de agosto la Federación de Campesinos la Provincia de Canchis, canaliza sus observaciones al estudio de impacto ambiental, demandando el derecho a ser consultados ante la imposición de un proyecto que alteraba la vida de los aborígenes, la obligación de realizar la consulta previa libre e informada a los campesinos de la cuenca del valle Salcca, las acciones de mitigación ante los impactos ambientales por la disminución del caudal del rio, la afectación a la biodiversidad y los impactos por la reducción de la frontera agrícola, y los impactos climatológicos, etc.


Al momento, los resultados de los estudios de impacto ambiental, y social no se han manejado con trasparencia, es más desconoce la población. EGECUZCO no realizó la consulta previa a las comunidades afectadas tal como lo señala el convenio 169 de la OIT.


Este proyecto ha sido abiertamente promovido por el Gobierno Regional, cuando este debió garantizar el debido proceso, para que se les consulte antes de aplicar medidas que los afecten, se alentó el despojo de sus tierras, el desplazamiento a las comunidades originarias, para favorecer la construcción de la Hidroeléctrica.


La desinformación, y la poca transparencia en el manejo del proyecto, alimentaron la desconfianza y el descontento popular, el impacto social, y las consecuencias del impacto medioambiental en la provincia, no ha sido debatida y zanjada por los campesinos que tienen como único sustento la actividad agrícola.


Esta situación podría multiplicarse en los 1778 concesiones en la Región Cusco, de lo cual el Presidente Regional Hugo Eulogio González Sayán, no dice nada hasta el día de hoy, a pesar de los petitorios de los Frentes de Defensa de Canchis, Combapata y otros se dieron en su oportunidad.


El préstamo del Japan Bank( Banco Japonés) a la Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento - EMPSSAPAL S.A


Las condiciones del servicio de saneamiento en Sicuani es caótica, las redes de agua y desagüe datan de hace 40 a 60 años, que anda colapsando cada vez que se produce lluvias torrenciales.


Por otro lado las aguas servidas se vierten en el rio Vilcanota y no existe una laguna de oxidación para tratarlas, de manera que es el replanteo de todo el servicio de saneamiento, incluido el relleno sanitario.


La Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias Altas (EMPSSAPAL), por desidia de su directorio no obtuvo en su oportunidad el préstamo de 18 millones de dólares de la banca Japonesa.


De aquel tiempo a hoy las condiciones ya no son las mismas, lo que implica la suba de las tarifas en la prestación de los servicios, convirtiendo las condiciones técnico-financieras totalmente desfavorables a los usuarios, que obliga a buscar otras alternativas viables mucho más convenientes.


Aparte del proceso judicial por malversación de fondos en el que se ha visto algunos gerentes que pasaron por EMPSSAPAL.


Frente a estas demandas y diálogo, como respuesta el gobierno ha tomado como medidas de represión, al enviar a contingentes policiales armados, quienes desde el inicio de la medida de fuerza, 20 de Octubre; han arremetido con violencia y sin piedad, contra la población civil y comunidades campesinas e indígenas históricamente excluidas.

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