banner


Movilizaciones comenzarán el jueves 9 de abril, debido a indiferencia del gobierno.

Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), confirmó ayer que este 9 de abril (Jueves Santo) 350 mil indígenas de las regiones de Cusco, Ucayali, Loreto, Amazonas y Madre de Dios, paralizarán sus actividades y se movilizarán en defensa de sus tierras ancestrales y para exigir al gobierno de Alan García paralice esta ola indiscriminada de concesiones y permisos que ha otorgado a las empresas nacionales e internacionales en la Amazonía y que sólo ocasiona -hasta la fecha- la muerte de nativos y una deplorable destrucción ecológica.

Advirtió que los dirigentes de las 1,350 comunidades han confirmado que paralizarán pacíficamente y que, si el gobierno intenta reprimirlos con las fuerzas policiales o militares, sólo provocará un enfrentamiento entre ambos bandos, pues no van a permitir más atropellos.

Zapata agregó que los pobladores amazónicos consideran injusto que el Ejecutivo decida sobre el destino de las tierras heredadas por sus ancestros sin consultarles, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que encima les prohíban hacer uso de la flora y fauna con el pretexto que las áreas están concesionadas.

“Mi pueblo está molesto porque hay madereras que permanecerán en nuestro territorio 40 años ‘gracias’ al presidente García y a la última Ley Forestal aprobada por el Congreso, que además le prohíbe a los madereros pequeños utilizar las motosierras pero a las multinacionales sí les permite usar grandes maquinarias para el mismo fin: extracción de madera pero sin reforestación”, agregó la representante de Aidesep. Para ella, no se debe pensar exclusivamente en la economía sino en el medio ambiente pues los indígenas de Madre de Dios, por ejemplo, han reportado que la minería provocó enfermedades a la piel que nunca padecieron.

La Amazonía pedirá también la derogatoria de los 120 decretos legislativos nocivos para la zona, como la Ley Forestal y la Ley de Recursos Hídricos, pues temen no sólo la destrucción del hábitat y privatización de las grandes cuencas de agua sino también una posible ola de desplazados.

Culpable:

El representante de la Red Ambiental Loretana, el Padre Paul Mc Auley, señaló que el gobierno es cómplice de la contaminación pero, sobre todo, del daño a la población humana. Es decir, real genocidio. “El Estado no ofrece protección a los loretanos. Al contrario, permite tala ilegal y permanente a favor de un pequeño grupo de madereros, pues recientemente Inrena autorizó la exportación de 20 mil trozos de madera ilegal de cedro de zonas en veda, pero lo más grave es que fueron de zonas no concesionadas”, expresó.

Lina Godoy
Redacción

Fuente: La Primera

Redes Sociales

Video de la semana

 
Top