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Álan García le ofreció este sábado su respaldo al primer ministro Yehude Simon, quien ya había anunciado que renunciaría una vez superada la crisis amazónica.
Simon, y la ministra del Interior serán interpelados el próximo miércoles por su responsabilidad en la represión policial de Bagua.
El presidente de Perú, Álan García, ratificó en su puesto este sábado a su primer ministro, Yehude Simon, pese a que éste anunció que lo dejaría luego de la superación de la crisis originada por las protestas indígenas y la represión policial que dejó un número indeterminado de muertos y decenas de heridos en la norteña población de Bagua.
García dijo que Simon, quien representó al Gobierno en la mesa de diálogo instalada con los indígenas, sólo dejará su cargo si el Congreso, que lo interpelará la semana próxima por su responsabilidad en el operativo policial, lo censura.
Agregó que si esto llegara a suceder será un acto de "venganza política"."Si el Congreso decide censurarlo, que el Perú sea testigo de que más allá de la reconciliación se toman pequeñas venganzas políticas", declaró.
A la interpelación ante el Congreso, acompañará a Yehude Simon, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
La dimisión del premier peruano era reclamada por amplios sectores que lo acusan de no haber resuelto a tiempo el conflicto por la derogatoria de los decretos rechazados por los pueblos indígenas, y que el Ejecutivo aprobó para adecuar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos a la legislación peruana.
Insistió que Yehude no va a dejar el gabinete, ni el presidente lo va a retirar solamente para evitar una posible censura parlamentaria."Si el Parlamento toma la decisión de censurarlo, pues tiene que cumplir su misión", afirmó.
El Partido Nacionalista, principal de oposición y otros grupos menores, así como el conservador Unidad Nacional y los seguidores del ex presidente Alberto Fujimori exigen la dimisión de Simon y sus votos alcanzan para la censura.
Tras confirmar que Simon puso el cargo a disposición del jefe de Estado, García precisó haberle respondido que le renueva su confianza.Añadió que, si bien Simon no ha escondido que tiene aspiraciones políticas, en su actuación como jefe del gabinete ministerial siempre ha puesto primero los intereses de Perú a los personales.
Las recomposición del gabinete ministerial es una de las secuelas de la crisis amazónica, que además del saldo rojo de Bagua, forzó al Gobierno a pedirle a Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1064, que regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva, incluidos los recursos gasísticos, petroleros y maderero.
Estos reglamentos han sido tajantemente rechazados por más de 65 etnias indígenas de Perú.
Según los indígenas, con dicha legislación se contraviene su derecho a la consulta, contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que suscribió Perú, además, alegan que con la implementación de dichas normas se violenta su derecho a la vida.
Por esta razón, los nativos iniciaron el pasado 9 de abril una protesta con bloqueos de rutas y ríos, y tomas de instalaciones petroleras, para conseguir la derogación de decretos.
La protesta de los indígena peruanos llegó al punto de mayor tensión el pasado 5 de junio cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo.
El llamado del Gobierno fue atendido el jueves por el Parlamento que derogó estos decretos.
El viernes, al concluir su visita, el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, pidió la apertura de una investigación imparcial sobre la represión policial que el pasado 5 de junio dejó un número indeterminado de muertos en la norteña localidad de Bagua, y añadió que a su juicio sí hubo una violación de los derechos humanos.
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