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Lima, 3 jul (PL) La indignación y el rechazo motivados por una decisión judicial que permite salir de la cárcel a un ex funcionario acusado de un gran caso de corrupción, recorre prácticamente todos los sectores sociales.

El primer ministro, Yehude Simon, lamentó la decisión y cargó la responsabilidad exclusivamente al poder judicial.

Negó que el gobierno tenga que ver con la decisión de un tribunal de conceder el beneficio de la detención domiciliaria de Rómulo León, ex ministro de Pesquería del primer régimen del presidente Alan García (1985-90).

Pese a ello, diversos comentaristas de la prensa y otros sectores sostienen que el ejecutivo y el gobernante Partido Aprista influyeron en el dictamen judicial, el cual no se justifica, argumentan, porque León puede escapar, ya que estuvo prófugo varias semanas antes de su detención.

Simon sostuvo que fue una decisión "exclusivamente judicial" y reconoció que es una mala señal para el país, que perjudica a este y al poder judicial, al que acusó de no haber actuado con celeridad, "tratándose de un caso con repercusiones políticas" y sociales.

Por su parte, el parlamentario opositor y ex juez superior, Víctor Mayorga, dijo que la gravedad del caso de corrupción protagonizado por León y el hecho que hubiera estado prófugo, determinan que debe estar preso y no en su casa, hasta que la justicia dicte su fallo final.

El arresto domiciliario concedido al personaje "es una afrenta al pueblo peruano y a quienes luchan contra la corrupción, señaló Mayorga.

Ante las críticas, el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa, sostuvo que el arresto domiciliario es una medida solamente provisional y que no hubo intervención política en el caso.

León está preso desde fines del año pasado, cuando se entregó tras permanecer clandestino durante más de un mes, luego que un canal de televisión divulgó el 5 de octubre grabaciones telefónicas de conversaciones que sostuvo con miembros de una red oficialista de corrupción.

La red servía a intereses empresariales y tenía contactos con ministros y otros altos funcionarios, y en las pláticas León y sus asociados se jactaban de haber logrado importantes concesiones petroleras a favor de una empresa noruega, las cuales fueron anuladas tras el escándalo.

El caso involucró al primer ministro de entonces, Jorge del Castillo, quien tuvo que renunciar, al igual que otros miembros del gabinete ministerial, aunque una comisión parlamentaria investigadora se abstuvo de denunciarlos judicialmente.

El comentarista Augusto Álvarez afirma en el diario La República que, con la decisión que beneficia a León, el gobierno, en complicidad con el poder judicial confirma que no tiene ningún compromiso con la lucha anticorrupción cuando el acusado es militante aprista.

"Nada contribuye más a mellar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el gobierno, en la justicia, en la democracia y en eso que llaman 'el sistema', que la sensación creciente del predominio de la impunidad de los amigos del presidente García y del gobierno", dice.

El analista opositor Raúl Wiener dice en el diario La Primera que el gobierno invalidó las pruebas, ocultó otras, salvó a los ministros involucrados y ahora consigue la virtual libertad de León, con lo que "estamos a un solo paso de la impunidad en el peor caso de corrupción de la década".

El vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores, Olmedo Auris, apuntó que la decisión judicial acrecienta el clima de protesta social, pues se trata de un personaje emblemático de la corrupción gubernamental, a la que el pueblo quiere ponerle fin.

Con informaci´ón de Prensa Latina

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