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Dirigentes nativos amazónicos dijeron el miércoles que el gobierno se ha declarado "enemigo" de los pueblos indígenas y que no tiene una voluntad de reconciliación tras los graves hechos de violencia que causaron la muerte de 23 policías y 10 civiles en una protesta indígena el año pasado.

Los indígenas rechazaron las conclusiones del informe de una comisión oficial que investigó los sucesos de violencia de Bagua el 5 de junio pasado, por considerar que la investigación no fue exhaustiva ni recoge los puntos de vista de los nativos.

En una rueda de prensa, Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), demandó al gobierno la conformación de una nueva comisión, que sea integrada por representantes de organismos civiles, como colegios profesionales, así como grupos internacionales.

"Estamos diciendo a los pueblos indígenas que queremos diálogo, queremos conversar pero que sea de manera transparente, que sean las cosas claras", dijo Zapata.

En la víspera, el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, integrado por ministros de estado, presidentes regionales y representantes de los nativos, presentó sus informes finales, los cuales no fueron aceptados por AIDESEP.

"(El gobierno) No quiso aceptar nuestras propuestas, no quiso aceptar las críticas que verdaderamente llevábamos, las propuestas claras como organización nacional", dijo Saúl Puerta, secretario nacional de AIDESEP.

"El gobierno se ha declarado enemigo, y ha declarado la guerra a los pueblos indígenas amazónicos... vamos a seguir con nuestra resistencia y vamos a continuar con nuestra firme posición", agregó.

Los nativos exigen la derogatoria de normas que según ellos, atentan contra la preservación de los recursos naturales en la selva, además una indemnización a los civiles que murieron durante la protesta en Bagua, y que se permita el retorno de su líder Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, asilado en Nicaragua.

Pizango se asiló al abrírsele un proceso penal como responsable de la violencia al haber supuestamente azuzado a los nativos.

Tras los hechos de violencia en Bagua los nativos lograron que el congreso derogue dos decretos que ellos consideraban que facilitaban la venta de sus territorios ancestrales para actividades petroleras y gasíferas.

Pero ellos afirman que aún siguen permitiéndose las operaciones de empresas en la selva peruana.

Fuente: Prensa Internacional

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