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El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha difundido el siguiente comunicado sobre el 5 de junio:

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, al año de cumplirse los sucesos de Bagua que ocasionaron la lamentable pérdida de 33 vidas humanas, un desaparecido, decenas de heridos y procesados judicialmente, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:

1. Lamentamos que las comisiones formadas por el Ejecutivo así como el Congreso de la República no hayan logrado un consenso en la investigación de los hechos y la identificación de responsabilidades individuales.

2. Solicitamos al Ministerio Publico y Poder Judicial que individualicen la responsabilidad penal de cada uno de los actores; e invocamos al Estado peruano a atender la situación de los familiares de los civiles y policías fallecidos y de los casi 200 heridos y no esperar que resoluciones judiciales obliguen a atender estos casos.

3. Creemos que la tragedia de Bagua ha mostrado los profundos desencuentros entre el Estado peruano y los pueblos indígenas amazónicos, cuyos derechos son ignorados y vulnerados de manera permanente por un sistema político que no los comprende ni los incluye de manera justa y adecuada. En este escenario, es importante incorporar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo e incluirlos a partir de ello, en el desarrollo nacional.

4. Reiteramos nuestro saludo al Congreso de la República por la histórica decisión adoptada el 19 de mayo del presente año al aprobar la Ley de Consulta, norma que contribuye a la implementación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Consideramos que esta decisión marca un hito importante y se constituye en un primer paso en el proceso de consolidar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios y promover la apertura de espacios de diálogo y entendimiento entre el Estado y los pueblos ancestrales.

5. Consideramos que la Ley de Consulta, a pesar de ser todavía perfectible, refleja el esfuerzo conjunto de la sociedad por alcanzar el consenso logrado y establece el desafío de afianzar los derechos humanos y, en particular, los derechos de los pueblos indígenas que vienen siendo excluidos de las grandes decisiones de la vida nacional. Esto, a pesar de su invalorable aporte a nuestra acervo e identidad nacional pluricultural, pluriétnica y multilingüe, y pese a constituir uno de los principales valores y aportes de nuestro país a la humanidad.

6. Exhortamos al Poder Ejecutivo a promulgar la Ley y así cumplir y hacer cumplir la Constitución y los Tratados ratificados por el Estado peruano. En ese sentido, hacemos votos porque el Estado peruano se dote de las herramientas institucionales imprescindibles para hacer efectivos los derechos de los pueblos. Creemos que para ello es importante dar seguimiento a los acuerdos formulados en las mesas de diálogo que tuvieron como loable tarea la revisión de los Decretos Legislativos que lesionan derechos de los pueblos indígenas, así como elaborar un Plan de Desarrollo Amazónico.

7. Finalmente, exhortamos al Estado peruano a impulsar el proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuano (INDEPA) con la participación de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, de modo que posea los recursos humanos y de gestión suficientes y adecuados para hacer efectiva la elevada función para la cual está destinado. Insistimos, de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que la participación de los pueblos indígenas en el proceso de reestructuración y conformación de la institucionalidad, es la mejor garantía para que tal proceso de reestructuración se realice adecuadamente.

Lima, 4 de junio de 2010

Con redacción de Servindi

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