banner


La situación en la provincia sur andina de Quillabamba, en Perú, se agravó hoy con nuevas protestas y acciones policiales de represión, con un saldo de decenas de detenidos y heridos, así como versiones sobre tres muertos.

El conflicto se agudiza sin que las organizaciones sociales, en huelga desde el 27 de julio contra la exportación del gas explotado en ese territorio, ni el gobierno, cedan en sus posiciones.

Los disturbios registrados en la localidad de Kiteni, donde se concentran instalaciones del consorcio transnacional que explota el gas y del que lo transporta a la costa, agravaron la situación, según la parlamentaria indígena opositora Hilaria Supa, quien llamó al gobierno a dialogar para evitar mayores consecuencias.

La representante de la región de Cusco, de la que forma parte Quillabamba, acusó a la policía de excesos contra los civiles y rechazo las versiones oficiales y empresariales que acusan a los manifestantes de cometer desmanes.

La empresa TGP, operadora del gasoducto, sostuvo que desde el medio día numerosos huelguistas atacaron su base en Kiteni y el aeródromo cercano e intentaron incendiar parte de las instalaciones, siendo repelidos por la policía.

El presidente regional (gobernador) de Cusco, Hugo Gonzales, dijo tener información no confirmada de que hubo más de una veintena de heridos y tres muertos, a consecuencia de la represión policial, y llamó al gobierno a dialogar para resolver la situación.

En Lima el primer ministro, Javier Velásquez, dijo tras una sesión del gabinete ministerial que el gobierno "no cederá al chantaje" de los huelguistas e insistió en condicionar el inicio del diálogo a que levanten el paro.

Esa condición fue rechazada por el Comité Central de Lucha que dirige la paralización, que acordó endurecerla con más bloqueos y otras acciones.

Velásquez sostuvo que el gobierno tiene informes de inteligencia según el cual tras las protestas actúan partidos de izquierda y elementos ligados al opositor Partido Nacionalista y hasta remanentes del grupo armado Sendero Luminoso infiltrados en las movilizaciones.

Esas acusaciones se repiten cada vez que hay un conflicto social de magnitud y al menos en este caso son falsas, según el alcalde de Kiteni, Moisés Cassani Peña, quien negó que haya elementos "terroristas" en la zona y pidió al Gobierno hablar con la verdad.

El gobierno acusó a los huelguistas de "derribar torres de alta tensión", aunque el ministro del Interior, Octavio Salazar, dijo que sólo desmontaron la antena de radio de un campamento.

El primer ministro Velásquez defendió también la decisión oficial de declarar a Echarate en estado de emergencia para proteger instalaciones estratégicas, medida que, según diversas denuncias, exacerbó los ánimos.

Velásquez dijo que en cuanto sea levantada la huelga viajará a dialogar en Quillabamba, mientras el parlamentario opositor José Maslucán criticó su actitud y dijo que el gobierno está esperando que haya muertos para conversar con los dirigentes de la protesta.

Prensa internacional

Redes Sociales

Video de la semana

 
Top