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Viernes 23 de julio. Salimos a las 6 de la mañana de Puerto Maldonado por la carretera interoceánica que se dirige al Cusco. En el camino, el chofer Américo Briceño, Jefe de la Oficina Defensorial, Guimo Loaiza y yo vamos discutiendo un plan para poder ingresar a las mineras informales sin ser golpeados o cortados a machetazos.

Guimo me recuerda lo sucedido en septiembre del 2009: una comitiva de 70 personas –50 policías y 20 funcionarios públicos entre fiscales, comisionados de la Defensoría del Pueblo, representantes del Ministerio del Ambiente y del Gobierno Regional de Madre de Dios– fue recibida por cientos de mineros con armas de fuego y machetes a la entrada de una empresa informal de extracción de oro en la zona de Nueva Arequipa.

Al parecer, un soplo de la policía –ganan dinero extra en sus días de franco trabajando en estos lugares– los había alertado. La intervención, cuya finalidad era impedir que sigan destruyendo el medio ambiente, tuvo que abortar. Incluso un fiscal fue agredido y terminó siendo arrojado dentro de un riachuelo sucio de relaves y mercurio. Concluimos en que lo mejor era llegar de anónimos: sin chaleco y sin gorro defensorial, y hacernos los turistas.

Llegamos al kilómetro 108 de la carretera interocéanica, invadida de casuchas de plástico azul, comercios, taxis, camiones cisternas que surten de forma ilegal de petróleo a otras casuchas que hacen de grifos ilegales, por supuesto. “Esta es la entrada de la minera que quisimos intervenir el año pasado”, me dijo Guimo. A la derecha, a unos cuantos metros de la carretera, vi una cerca de madera que, en medio de la selva, no hubiese protegido nada de no ser por las casitas de madera y plástico que la rodeaban. Guimo y yo bajamos, haciéndonos los locos, y abrimos la cerca. Nos adentramos, como Pedro por su casa. “¿Quiénes son esos? ¿Qué quieren?”, le preguntó el encargado del “grifo” al chofer. Su no tan cristiana respuesta nos permitió seguir adelante: “Son comerciantes, venden maquinaria para minería”.

Caminamos durante más de una hora. Lo que vimos nos sobrecogió: donde debía haber una selva tupida, solo existía un desierto blanco. Estábamos en Ica, no en Madre de Dios: más de 400 hectáreas devastadas. Aquí y allá encontrábamos gigantescos pozos con unas aguas rojizas y restos de árboles macheteados y quemados con furia. Estos lagos inmundos son lo que queda después de succionar la tierra mezclada con agua para extraer el oro, al que después se le echa mercurio para separarlo de los demás minerales.

No vimos, al pasar por el primer hueco, el cartel que prohibía la entrada a personas sin autorización. Nos salvamos porque solo había unos cuántos trabajadores desmantelando la maquinaria y los aparejos de madera y PVC. Les preguntamos qué estaban haciendo y nos contaron que iban a “saltear unos 11 kilómetros más adentro”. Esto significa que, al haber agotado el oro de aquel lugar, se estaban mudando a otro sitio para continuar con su labor de bárbaros atilas, de mercenarios al servicio de la informalidad y la destrucción de la selva.

Lo peor es que se estaban trasladando a una zona que debería estar protegida, llamada, por el Decreto de Urgencia 012-2010 –emitido en febrero por el Ministerio del Ambiente–, Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene y de la Reserva Nacional Tambopata.

Como ser humano, entiendo que miles de personas viven de esa minería –logran sacar entre 4,000 y 5,000 soles mensuales, lo que gana un funcionario público medio en Lima–, pero como peruana no puedo entender que se siga permitiendo la destrucción de nuestra amazonía. Los dueños de esas minas sacan hasta 100 gramos de oro al día y lo venden en 11,000 soles, ¡cada día y sin pagar impuestos! La Defensoría del Pueblo ha enviado un oficio al Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado –SERNANP– del Ministerio del Ambiente, informándolo de esta situación y solicitándole que llevan a cabo las medidas de supervisión y fiscalización que correspondan para poner fin a esto. Ojalá logremos parar esto antes de que sea muy tarde.

Autora: Nora Loredo
Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo

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