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Por Emma Gómez y Giselle Salazar

Uno de los balances más negativos de la gestión del actual gobierno tiene que ver con la política ambiental. Como consuelo para la actual administración se puede afirmar que esta situación ha sido una constante en el desempeño de los últimos gobiernos: la política ambiental, que en realidad es relativamente nueva, no sólo no se ha consolidado sino que muestra una peligrosa tendencia de retroceso y deterioro.

Un buen ejemplo es el de los recientes decretos de urgencia que se han dado con el fin de de favorecer una serie de proyectos y que han generado la justificada preocupación de diversos sectores. El pasado 18 de enero, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia Nº 001-2011 para facilitar la inversión privada de 30 proyectos de inversión, de infraestructura y servicios públicos; posteriormente la lista fue ampliada a otros 33 proyectos mediante el Decreto de Urgencia Nº 002-2011 del pasado 21 de enero.

Entre los proyectos que se benefician con los Decretos de Urgencia figuran un grupo de carreteras, como las de Sullana frontera con Ecuador, Ica frontera con Chile, la longitudinal de la Sierra y Selva; varios terminales de puertos; sistemas eléctricos de transporte masivo, líneas de transmisión; reservorios, entre otros.

Estos decretos establecen peligrosas medidas de simplificación legal al señalar que las certificaciones ambientales (EIA) no serán un requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de los proyectos mencionados. Lamentablemente nuevamente se dejan de lado requisitos ambientales que deberían ser considerados como instrumentos claves de una política seria de fomento a la inversión.

Por otro lado cualquiera podría preguntar ¿por qué son favorecidos un grupo de proyectos y a otros no? ¿Acaso otros inversionistas no podrían reclamar por el favoritismo evidente o por un trato discriminatorio? ¿Cuál es la urgencia de esos proyectos específicos que justifique postergar un requisito fundamental como es el Estudio de Impacto Ambiental? ¿La tendencia será nuevas y mayores exoneraciones?
En todo caso, este hecho muestra que la política ambiental y sus instrumentos siguen siendo vistos como un obstáculo para la inversión y la decisión política parece ser pasar por encima de los procedimientos establecidos. Sin duda ésta es una tendencia peligrosa.

El Perú debe desarrollar y no recortar su política ambiental. El propio Banco Mundial reconoce que las políticas que se siguen en países como el Perú han tenido como efecto en los últimos años el debilitamiento de las normas ambientales.
El Perú necesita una verdadera autoridad ambiental autónoma, que sea eficiente, que recupere credibilidad en la actuación pública y que asegure la supervisión e implementación de instrumentos rigurosos para la protección ambiental. Lamentablemente, esto no se ha logrado con la creación del Ministerio del Ambiente que aparece pintado en la pared en varios de los temas claves de la agenda ambiental del país.

Una nueva gestión ambiental implica el fortalecimiento de las capacidades de prevención de impactos, tanto desde el inicio como hasta la etapa del cierre de los proyectos, ya que se busca impedir que el legado de pasivos ambientales aumente; que se promuevan evaluaciones integradas y estratégicas; que se desarrollen guías metodológicas rigurosas; que se incorporen nuevos instrumentos para el ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica; y que se exija una mayor calidad en los estudios ambientales de acuerdo a los mejores estándares internacionales.

Lo mencionado significa avanzar y no retroceder en materia ambiental. Una política ambiental seria logrará, entre otras cosas, atraer inversión responsable que un país serio necesita. La otra inversión, la que no acepte someterse a los criterios de certificación ambiental, no la necesitamos. Miremos el ejemplo de La Oroya y el comportamiento de la empresa Doe Run, para darnos cuenta de los riesgos que debemos evitar.

Fuente:CooperAcción

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