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Parlamentarios de distintas bancadas criticaron el asistencialismo que se intenta implantar con la reiteración de los programas sociales. Resaltaron la falta de políticas descentralistas, así como la poca incidencia en la seguridad ciudadana. Asimismo, consideran que los terroristas también deberían ser impedidos de ocupar cargos públicos.

Para el segundo vicepresidente del Congreso, Juan Carlos Eguren, el exceso de detalles dejó la impresión de que el jefe de Estado Ollanta Humala repitió su discurso del año pasado cuando asumió el manejo del país. “Ya tenemos información creciente sobre los programas sociales con respecto al nuevo periodo”, sostuvo.

Sin embargo, para el congresista Daniel Mora el tema perjudica al gobierno porque le pone la insignia de “asistencialista”. Para el peruposibilista, existen muchos programas sociales, cada uno con un nombre más estrambótico que el anterior.

“Los programas sociales se dan cuando, para aplicar una reforma de Estado, las poblaciones más vulnerables no vea afectada por los resultados iníciales. Estamos entrando a un asistencialismo que pensamos ya habíamos superado”, acotó.

Por su parte, la pepecista Marisol Pérez Tello enfatiza que hizo falta un reconocimiento de las limitaciones que afronta el gobierno: por el propio partido oficialista y por la incapacidad inicial de gobernar. “Debió reconocer y explicar esas falencias en lugar de culpar al marco legal”, sostuvo.

DESCENTRALIZACIÓN

Para Eguren el tema de la descentralización fue el principal vacío del discurso a la Nación. En tal punto, lamentó que no se hiciera mención al anuncio realizado el año pasado sobre la creación de cinco macro regiones.

Mientras que José León, de Perú Posible, señala que nos e tocó nada sobre el control normativo sobre los presidentes regionales. “No se ha dado la pauta de articulación para que los presidentes regionales vuelvan a ser parte del desarrollo del país”, alegó.

En ese sentido, apuntó que el anuncio de el cambio del SNIP no significará avances trascendentales mientras siga manejado en Lima. Para el ex ministro de Agricultura, este mecanismo debería descentralizarse.

SEGURIDAD CIUDADANA

Fuera de la asignación de 600 millones de nuevos soles para el mejoramiento de las comisarías en el país, diversos congresistas se opusieron a entregar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

Marisol Pérez Tello asegura que el problema radica en que la bancada oficialista no es capaz de esbozar consensos lo cual empuja al Poder Ejecutivo a pedir constantemente facultades legislativas en diversas materias.

“Mira lo que pasó con el servicio policial voluntario. Presentaron un proyecto de ley que terminó en un decreto supremo que al final fue derogado y propició la salida del ministro”, recordó.

Para Rosa Mavila se tiene que fortalecer organismos comunitarios y se debió anunciar una ley especial contra la criminalidad. criminalizar al gobierno regional. “Un plan de seguridad no garantiza nada si el ciudadano no siente que este funcionará su entorno”, explica.

El fujimorista Octavio Salazar Lamentó además que no se haya concretado el anunciado aumento de ingresos para las FF.AA. y policiales, el cual otra vez ha quedado supeditado a la presentación y aprobación del proyecto de ley que remitirá el Ejecutivo.

TERRORISTAS EN SECTOR PÚBLICO

Las declaraciones del presidente del Congreso, Víctor Isla, sobre la reinserción de terroristas al sector pública aún siguen causando revuelo, que algunos legisladores consideran debió ser especificado en el mensaje de Humala.

Si bien el mandatario nacionalista mencionó un proyecto de ley para que los corruptos no puedan ingresar al Estado, Rosa Mavila considera que esto debiera aplicarse también a los condenados por terrorismo. “Si bien pueden darse programas de reinserción productiva que les permita vivir, debemos evitar que ingresen al Estado”, argumentó.

Marisol Pérez Tello indicó que es un tema pendiente que buscarán trabajar desde el Congreso. Similar opinión mostró Carmen Omonte quien sostuvo que en los próximos años saldrán libres 15 cabecillas terroristas y nuestra legislación no está preparada para evitar que intenten lograr ingresar al sector público y a la vida política.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

De otro lado, el aprista Mauricio Mulder sostuvo que existió un gran vacío en reconocer que los conflictos sociales parten de un problema político y no solomedioambiental.

Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, calificó el anuncio de declarar el agua como derecho fundamental en la Constitución como “demagógico e innecesario”, pues el derecho de acceso al agua ya es constitucional. “Eso está incluido en el derecho la vida, en el derecho a la persona y a la salud”, señaló.

Mulder, incluso, dijo que es como declarar “el derecho al aire o el derecho al lomo saltado”.

En tanto, la legisladora cusqueña Verónika Mendoza expresó que se esperaba anuncios respecto a la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial.

Fuente: La República

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