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El Ministerio Público impulsará la creación de 100 nuevas fiscalías a nivel nacional, así como la capacitación de fiscales en el dominio del idioma quechua, anunció el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales.

Durante su presentación en la cuarta audiencia pública en el Cusco, Peláez precisó que estas medidas buscan facilitar el desarrollo de los procesos judiciales en las poblaciones quechua hablantes. Reiteró además su compromiso de seguir escuchando a la población y de realizar todas las acciones necesarias, para que el Ministerio Público avance cada día más en atender las demandas y exigencias de la población.

Señaló que no existe país democrático sin una justicia eficaz, eficiente y oportuna, donde sus autoridades estén en permanente preocupación por quienes ellos se deben, que son los pobladores y todas las instituciones integrantes de la sociedad.

Asimismo anunció que realizará, próximamente, nuevas audiencias públicas en otros distritos fiscales del país, para que la población pueda expresar sus demandas, preocupaciones y criticas y sea el Ministerio Público, una institución que esté encaminándose hacia su fortalecimiento.

“Queremos un Ministerio Público que responda a la ciudadanía, que corrija sus errores y que avance hacia su fortalecimiento”, señalo Peláez Bardales, durante la cuarta audiencia pública, que se realizó en el auditorio Machupicchu de la Municipalidad Provincial de Cusco.

Esta jornada contó también con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Luis Sarmiento Nuñez, representantes de la Defensoría del Pueblo, del Colegio de Abogados de Cusco, de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la policía nacional, alcaldes y ciudadanos.

Ellos plantearon sus aportes, propuestas y críticas, para mejorar la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Jueces, abogados y agentes de la Policía Nacional coincidieron en la necesidad de incrementar el número de fiscales en los diferentes distritos del departamento de Cusco.

Otro punto importante abordado por la ciudadanía, fue la necesidad de tener mayor control y prevención sobre los actos de corrupción, en todo el sistema de justicia.

Peláez dispuso de inmediato la intervención de la Oficina de Control Interno, para que sus actuaciones dentro del Ministerio Público sean evaluadas y, de ser el caso sancionadas drásticamente, con el sustento probatorio legal correspondiente.

Andina 

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