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ordenanza 036-2011-GR,CAJ-CR

Mientras no sea declarada inconstitucional, indica Fernando Calle, miembro del Tribunal Constitucional, dice que norma está vigente.

La Ordenanza regional de Cajamarca que declara la inviabilidad del polémico proyecto minero Conga mantiene su vigencia legal, en tanto no sea declarada la inconstitucionalidad de la misma, declaró a La Primera el integrante del Tribunal Constitucional (TC), Fernando Calle.



“En tanto no se declare la inconstitucionalidad de la norma, está ahí, al menos dentro de la región”, subrayó.

Calle manifestó que su colegiado tendrá que analizar la anunciada demanda de acción de inconstitucionalidad que planteará el Ejecutivo contra la Ordenanza, al tiempo de aclarar que los antecedentes de otros dos fallos de casos parecidos, sobre competencia de funciones, no implica ningún condicionamiento “a priori” sobre este posible caso.

“Si va ingresar, tendremos que ver al caso, si es que van a presentar la acción (de inconstitucionalidad). El hecho que haya también unas (dos) referencias, llamémosle así, antes que antecedentes, sobre determinadas coyunturas que no necesariamente tienen que ser iguales. Habrá que ver, pues, el sentido de la Ordenanza y la acción que plantee el Ejecutivo”, puntualizó.

El magistrado especificó que los temas similares que el Tribunal ha abordado comprenden una Ordenanza regional del gobierno de Huánuco que declaraba la legalidad del cultivo de la hoja de coca en su jurisdicción; y el caso de las licencias del gobierno regional del Cusco con relación a las empresas mineras.

“No quisiera que se malinterprete algo sobre una acción que se va a plantear, porque así está anunciado. Lo que le puedo decir es que en los casos de la hoja de coca y de las licencias sobre la minería, tuvimos que fallar lo que está fijado en la Constitución, en que la estructura del poder, en el Perú, se erige sobre la base de un estado descentralizado unitario”, apuntó.

Agregó que, en sus fallos referidos a estos dos puntos, el TC señaló con precisión cuáles son las facultades que poseen, sobre estos aspectos, los gobiernos central y regional. “En esos casos se determinó que era el gobierno central, el que tenía que conducir ese tipo de políticas y tomar las decisiones, al respecto”, detalló.

FERNANDO CALLE
Gobierno puede presentar demanda
Fernando Calle refirió que el Ejecutivo está en todo su derecho y facultad de presentar una demanda de acción de inconstitucionalidad de la Ordenanza, como la tienen la Fiscalía de la Nación y otras instituciones del Estado, autorizadas para este propósito.

“Eso se venía venir, en forma directa... Pueden hacerlo pronto, ya la Ordenanza salió”, anotó.

Consultado por nuestro diario en torno a la implicancia que tendrá este dispositivo regional, Calle se excusó a pronunciarse sobre el particular, habida cuenta que es un tema que el colegiado que integra deberá que analizar probablemente después.

“En principio, porque (el primer ministro, Óscar Valdés) ya lo anunció, no me parece correcto que demos una opinión sobre algo que vamos a tener que ver”, remarcó.

QUIERE PROYECTO CONGA SÍ O SÍ
Hay que tender puentes
El vicepresidente del Congreso, Yehude Simon, exhortó al Poder Ejecutivo y al gobierno de la región Cajamarca, a “tender puentes” para llegar a un acuerdo satisfactorio para el Perú.

Tras indicar que las denuncias y el “cargamontón” del gobierno contra el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, lo único que consiguen es “dejarlo como un héroe”, Simon advirtió que con ello la administración de Humala “está equivocando su estrategia”.

Por su parte, el ministro de la Producción, José Urquizo, criticó al gobierno regional de Cajamarca por declarar inviable el proyecto Conga, y demandó a la Fiscalía de la Nación, al Congreso, y al Poder Judicial una investigación para determinar si las autoridades cajamarquinas cometieron o no faltas contra el sistema legal o constitucional.

“Ha habido un exceso por parte de los consejeros (de la Región Cajamarca) y el Ministerio Público tendrá que calificar si se incurrió en el delito de usurpación de funciones o abuso de autoridad”, sostuvo.

En la ciudad de Cajamarca, las organizaciones sociales y gremiales volvieron a manifestarse y movilizarse ayer, en protesta por el manejo del primer ministro, Óscar Valdés, del proceso de diálogo sobre el proyecto Conga y el plan de desarrollo regional.

El procedimiento
El procedimiento que se sigue para este trámite es el siguiente: Interpuesta la demanda el Tribunal Constitucional resuelve su admisión en el plazo no mayor de 10 días (Art. 103 del Código Procesal Constitucional). Puede declararla inadmisible, cuando: 1- En la demanda se hubiera omitido algún requisito taxativamente establecido. 2- No se acompañen los anexos establecidos. En su caso, conforme al Art. 102 del Código Procesal Constitucional la certificación del acuerdo adoptado o certificación de las firmas correspondientes.

Luego, el auto admisorio concede a la parte demandada un plazo de treinta días para contestar la demanda. Con su contestación, o vencido el plazo sin que ella ocurra, el Tribunal tendrá por contestada la demanda o declarará la rebeldía del emplazado, respectivamente. En la misma resolución el Tribunal señala fecha para la vista de la causa dentro de los diez días útiles siguientes. Las partes pueden solicitar que sus abogados informen oralmente.

Al final, el Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días posteriores de producida la vista de la causa.

Insulto para Cajamarca
El presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos calificó de “un insulto para Cajamarca” el anuncio del primer ministro, Óscar Valdés, de interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza que declara inviable a Conga.

“El Perú está con Cajamarca. Los peruanos estamos firmes en la lucha por la gran transformación y unidos contra el entreguismo. Conga no va”, escribió Santos en su cuenta de Twitter. En otro acápite, se ratifica en su dureza verbal contra Valdés al indicar: “Hermanos del Perú y de la Comunidad Internacional, el Primer Ministro Valdés y el ministro del Ambiente pretenden sorprendernos. Mienten cuando dicen que el 4 de diciembre hubo diálogo, (pues) la comisión ministerial vino para imponer el Estado de Emergencia”.


Javier Soto
Redacción, La Primera

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