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Lima, jun. 25 (ANDINA).- La decisión del Gobierno de asumir la deuda histórica del Estado con los pueblos nativos amazónicos no exime a todos los sectores de asumir su parte de responsabilidad, sostuvo hoy el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon.

Sostuvo, en ese sentido, que los trágicos hechos de Bagua, Amazonas, donde fallecieron más de 20 policías y nueve civiles, entre ellos nativos, es algo que interpela a toda la sociedad y sus instituciones.

“La pregunta no sólo interpela a mi persona o a la ministra del Interior, sino también a este Gobierno, pero también a los gobiernos anteriores, a este honorable Congreso y a los precedentes, nos interpela a todos los ciudadanos del país.”

Simon dijo que el conflicto social de Bagua pone en evidencia el olvido histórico del Estado frente a las poblaciones indígenas, que se han mantenido aisladas, excluidas y desatendidas.

Indicó que una autocrítica lleva a reconocer que el Gobierno no supo comunicar a los nativos el verdadero significado de los decretos legislativos que cuestionaban, pero tampoco lo supo hacer el Parlamento Nacional.

“Siempre se les ignoró porque estaban lejos o eran pocos”, indicó al dar cuenta además del abismo cultural existente con esas poblaciones.

Consideró, en ese sentido, que la mejor manera de resolver esa deuda histórica es corrigiendo la indiferencia del Estado con esas poblaciones e iniciando una verdadera política de diálogo e inclusión de la Amazonía a los beneficios del crecimiento y la modernidad.

Aseveró que el Gobierno ha asumido esa responsabilidad.

“Tenemos que corregir las fallas históricas de manera consensuada; por eso, después de la crisis de Bagua se creó una comisión multisectorial que abordará la problemática de los pueblos amazónicos.”

Refirió que este grupo va a revisar todos los planteamientos que a través de la consulta permitan llegar a un marco consensuado; y lo propio se hace con las comunidades andinas, con las que se ha entablado un diálogo.

Sin embargo, indicó que hay situaciones como las de Sicuani, en la provincia cusqueña de Canchis, donde hay sectores que empujan demandas maximalistas para impedir acuerdos con la población, que aspira a la paz y al cese de las medidas de fuerza.

Fuente: Andina

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