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En el mes de agosto, la Defensoría del Pueblo ha registrado 213 conflictos sociales, de los cuales 153 están activos y 60 latentes.
De acuerdo al reporte N° 138 de la Defensoría, la mayoría de los conflictos son de tipo socioambiental (144 conflictos, 66,7%). 22 conflictos están relacionados a asuntos de gobierno local (10,3%), 15 a temas de demarcación territorial (7%), 10 de tipo comunal (4,7%), 9 sobre asuntos de gobierno nacional (4,2%), 6 de tipo laboral (2,8%) y 5 de asuntos de gobierno regional (2,3%). También se registró que entre el 1 y el 31 de agosto se registraron 72 heridos y dos muertos producto de la violencia en los conflictos. En este sentido, la Defensoría lamentó estos sucesos e hizo un llamado al diálogo.
Respecto al mes anterior, se registraron seis conflictos nuevos, uno se resolvió, otro fue sacado de la lista debido a su inactividad y otros tres pasaron de estado latente a activo.
Los conflictos nuevos son: en Cusco, donde las comunidades campesinas del distrito de Coporaque exigen al Estado y a la empresa minera Hudbay se considere al distrito dentro del área de influencia directa del proyecto minero Constancia; en Loreto, donde el Frente Patriótico y otras organizaciones sociales reclaman que se otorgue la operación del Lote 192 a favor de la empresa estatal Petroperú; y Moquegua, donde la comunidad campesina Aruntaya exige a la empresa minera Aruntani cumplir con un plan de responsabilidad social a favor de la comunidad antes de su retiro de la zona.
En Pasco, la comunidad campesina Huachón solicita a la empresa Statkraft Perú S.A. la evaluación de impactos ambientales por el embalse y desembalse de agua de la represas en las lagunas Jaico y Altos Machay. En esta misma región, ciudadanos del distrito de Simón Bolívar demandan que se resuelvan los problemas de contaminación y afectación a la salud de las personas, así como el cumplimiento de la Declaratoria de Emergencia Ambiental del año 2012. En Piura, los trabajadores de la empresa Natucultura reclaman aumento de sueldos y mejoras en sus condiciones laborales
En Cajamarca, se resolvió el conflicto en el que los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota reclamaban dejar sin efecto la designación de la comisión organizadora por no haber sido atendidos sus pedidos y por presuntas irregularidades. La Resolución Viceministerial Nº 043-2015-MINEDU dio por resuelto el conflicto, ya que ordenó la conformación de la Comisión Organizadora de dicho centro de estudios.
Según la Defensoría del Pueblo, "el conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia".

Fuente: La Mula

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