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* Por Julio Quispe

Inevitablemente la situación política en el Perú marcha hacia un callejón sin salida, pese a los esfuerzos del presidente Vizcarra para apurar las reformas constitucionales que país requiere, el Congreso de la Republica mas bien se ocupa en buscar que archivar todos los proyectos e iniciativas.

Lamentablemente a tres años del actual régimen, no se ha hecho nada para cambiar la situación de crisis institucional del Perú, hay corrupción generalizada en todos los estamentos del aparato estatal, los partidos políticos están desacreditados y la ciudadanía empiezan a ganar la calle provistos de tambores de guerra.

Se llega a aquí porque nadie hace nada por frenar la ola de violencia y criminalidad, que en los últimos años han pasado de los asaltos al paso a descuartizamientos y carnicería humana por parte de feroces delincuentes y que para variar responde a ciudadanos a quienes les hemos brindado hospitalidad.

Los servicios básicos como, alumbrado, sistema de agua y desagüe, la educación, salud y nutrición, no responde a una realidad nacional acorde al siglo 21, la falta de infraestructura, el presupuesto paupérrimo para la educación parece que nunca va mejorar. Así como los hospitales y el sistema de salud no cubren la demanda de los pacientes.

Esta realidad es de responsabilidad compartida entre todos los poderes del estado, sin embargo, la mayoría congresal en lugar de dar paso a las reformas o impulsar los temas urgentes de la agenda del Acuerdo nacional, lo que hasta ahora vienen realizando los actuales congresistas es evitar perder la inmunidad.

Desde el extremo tumbes hasta Tacna desde las orillas del mar hasta el extremo oriente, se escucha un solo coro ¡Presidente cierre el Congreso! Vizcarra no se ha hecho el sordo, muy por el contrario, ha impulsado iniciativas que tienen ese propósito.

Ya referéndum pasado fue una clara muestra de la sintonía del ejecutivo con la población, mientras tanto el Congreso que se desvivía por defender a los corruptos eligió el camino equivocado que los llevaría a su auto-disolución.

No obstante, el equipo especial de Lava Jato e investigación a la empresa Odebrecht, también tuvo que lidiar con este Congreso que blindó los cuellos blancos, al club de la construcción a la organización criminal con fachada de partido político, y cuanto delincuente ha pasado por sus narices.

Este escenario no ha cambiado con la asunción de Olaechea como presidente del Congreso, muy por el contrario, la mayoría parlamentaria reorganizó sus filas para traerse abajo cualquier iniciativa que vaya en contra de sus propios intereses.

Con miembros cuestionados, investigados, fugados, sin ningún respaldo ciudadano, nada nos haría pensar que este parlamento va a legislar a favor de los peruanos. Lo que queda es plantear la segunda cuestión de confianza y enviarlos a sus casas a los 130 congresistas.

El discurso presidencial del último 28 de julio, de adelantar las elecciones generales, fue el inicio de una crónica de muerte anunciada para un parlamento que lo único que ocasiona es gasto del dinero de todos los peruanos.

Las horas de cuenta regresiva han comenzado a correr. ¿hasta cuándo se quedará Olaechea y compañía?

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